Tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos de inversión como parte de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012, el debate político en el país se intensificó y el foco de las acusaciones recayó sobre el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El presidente Javier Milei responsabilizó directamente a Kicillof, calificándolo de “responsable directo” de la situación y utilizando términos duros para describir su gestión como exministro de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. “Haber llegado a esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Kicillof”, afirmó Milei en redes sociales, señalando que la estrategia de expropiación y la forma en que se llevó adelante el proceso derivaron en el actual conflicto judicial internacional.
Kicillof, por su parte, defendió su accionar y la decisión de expropiar YPF en 2012. Argumentó que la medida fue necesaria para recuperar el control estatal sobre los recursos energéticos, tras lo que describió como un “vaciamiento” de la empresa bajo la gestión de Repsol. Además, destacó que la ley de expropiación fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y que la operación se realizó en el marco de la Constitución Nacional. “El objetivo era volver a poner a YPF en función de los intereses nacionales”, sostuvo el gobernador, quien también cuestionó la validez del fallo estadounidense y advirtió que la entrega de acciones no puede realizarse sin la aprobación del Congreso argentino.
El fallo de la jueza Preska reavivó viejas tensiones políticas y económicas, y profundizó el enfrentamiento entre el gobierno nacional y el mandatario bonaerense. Mientras Milei insiste en que la raíz del problema está en las decisiones tomadas por Kicillof hace más de una década, el gobernador sostiene que el actual presidente “se pone del lado de los poderes extranjeros y no de los intereses nacionales”.
El caso YPF, lejos de resolverse, se convirtió en un nuevo campo de batalla política, donde las responsabilidades históricas y las consecuencias económicas se mezclan con la disputa por el rumbo energético y la soberanía nacional.
