La Justicia federal argentina formalizó este miércoles una solicitud de extradición ante Estados Unidos para que el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido en Nueva York, sea trasladado al país para responder por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El pedido, impulsado por el juez Sebastián Ramos a instancias del fiscal Carlos Stornelli, invoca el principio de jurisdicción universal y se basa en denuncias de 2023 unificadas en una causa por persecución, secuestro, tortura y asesinatos sistemáticos.
Contexto de la detención y la causa
Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas estadounidenses durante una operación militar, y luego trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos locales por narcotráfico con audiencia prevista para marzo. En Argentina, el expediente –a cargo de Ramos en Comodoro Py– incluye órdenes de captura de septiembre 2024 contra Maduro, Diosdado Cabello y otros exfuncionarios chavistas, respaldadas por informes de Michelle Bachelet de la ONU sobre violaciones a derechos humanos. Querellantes como el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y el abogado Tomás Farina impulsaron el trámite tras la captura.
Procedimiento y repercusiones regionales
La Cancillería argentina gestionará el exhorto internacional bajo el tratado bilateral de extradición, aunque EE.UU. priorizará sus procesos pendientes. Este paso marca un hito en la aplicación de la justicia universal en la región, alineado con fallos previos contra líderes por delitos similares, y podría tensar relaciones diplomáticas con sectores chavistas residuales. Expertos destacan su valor simbólico para víctimas venezolanas exiliadas en Argentina, reforzando el rol de los tribunales federales en accountability transnacional.
