La Legislatura analiza impulsar un jury contra Sergio Marinelli, superintendente general de Irrigación de Mendoza, tras habilitar la perforación de pozos de agua en una zona declarada como restringida. El caso recuerda un escándalo similar que terminó con la renuncia de un exfuncionario.
El superintendente general de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli, enfrenta una delicada situación institucional luego de haber autorizado la perforación de nueve pozos de agua en la subcuenca El Carrizal, un área declarada como zona de restricción hídrica desde agosto de 2024.
La decisión generó una fuerte reacción política, técnica y social. El caso ya motivó un pedido de explicaciones en la Legislatura y podría escalar a un jury de enjuiciamiento por mal desempeño.
Según consta en la Resolución N.º 125 firmada en febrero de 2025, Marinelli autorizó a distintas empresas —entre ellas Cresud–IRSA, Chimpay La Rioja, Grappolo SA y Pedro García Mateo— a avanzar con perforaciones para uso agrícola en una zona donde el propio Departamento General de Irrigación había limitado nuevos usos del recurso, a través de la Resolución 1108/24.
Un conflicto que escala
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) fue una de las primeras en denunciar públicamente lo ocurrido y en impulsar un pedido de jury de enjuiciamiento. “No se puede permitir que se viole una normativa que protege nuestros recursos hídricos, menos aún en beneficio de grupos económicos poderosos”, señaló. A este reclamo se sumó el senador Félix González, quien presentó formalmente la denuncia ante la Legislatura.
Frente al creciente repudio, Marinelli solicitó concurrir voluntariamente a la Legislatura para dar explicaciones ante la Comisión de Ambiente. Su defensa se basa en informes técnicos que, según el funcionario, habrían demostrado que el uso de agua por parte de estos nuevos pozos no afecta el caudal autorizado para la cuenca.
Críticas técnicas y sociales
Sin embargo, varios inspectores de cauce del río Mendoza cuestionaron la decisión. “Es sospechosa, se autorizan pozos a grandes empresas en un momento donde se supone que no hay disponibilidad para nuevos permisos”, indicaron. La crítica apunta a que no hubo criterios transparentes ni participación de la comunidad en la autorización.
Incluso el reconocido jurista Miguel Mathus Escorihuela advirtió que se está violando la normativa hídrica vigente y que este tipo de medidas debilitan la institucionalidad del agua justo cuando Mendoza avanza en la redacción de un nuevo Código de Aguas.
Antecedente preocupante
El caso remite inevitablemente a lo ocurrido en 2008, cuando el entonces superintendente Eduardo Frigerio habilitó 21 pozos en esa misma cuenca, en condiciones similares. Aquella vez, la presión pública y legislativa derivó en su renuncia anticipada antes de que se formalizara el proceso de jury.
Hoy, la historia parece repetirse: empresas beneficiadas, zonas restringidas y decisiones que comprometen una de las riquezas más valiosas de la provincia: el agua.
Lo que viene
Marinelli deberá asistir en los próximos días a la Cámara de Diputados. Allí se jugará buena parte de su futuro político e institucional. Si los argumentos no convencen, el jury podría activarse formalmente y, en caso de prosperar, terminar con su salida anticipada del cargo.
Mientras tanto, la ciudadanía, los productores y los actores políticos observan con atención cómo se resuelve un nuevo conflicto que pone en tensión el equilibrio entre el desarrollo productivo y la sustentabilidad hídrica de Mendoza.
