Un nuevo capítulo de violencia sacude a la ciudad: la Operación Convención, desplegada este mes por las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro contra la organización criminal Comando Vermelho, dejó al menos 64 muertos y más de 80 detenidos en distintos barrios vulnerables. La magnitud de las bajas encendió una ola de críticas políticas y sociales hacia el modelo represivo utilizado en zonas marginadas.
¿Qué pasó?
El operativo fue ordenado por el gobernador Cláudio Castro y ejecutado por la policía militar en varias favelas. Las fuerzas de seguridad declararon haber actuado contra células del Comando Vermelho, una de las bandas más activas en la ciudad, en el marco de un despliegue mayor que incluyó cierres de transporte, patrullajes y rastreos intensivos.
Sin embargo, la manera en que se realizó el operativo fue calificada como un “baño de sangre” por la Comisión de Derechos Humanos de Río de Janeiro, que exigió explicaciones y una investigación independiente. La diputada Dani Monteiro advirtió que “el Estado no puede actuar como si existiera pena de muerte” y denunció que las acciones se realizaron bajo una lógica de ‘guerra contra las favelas’.
Víctimas y comunidad
Las víctimas del operativo incluyen hombres jóvenes de barrios populares que, según testimonios, fueron interceptados en la vía pública o sorprendidos en sus casas durante las redadas. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que la mayoría no tuvieron acceso a la defensa, que hubo uso excesivo de la fuerza y que no se distinguió entre combatientes y civiles.
Vecinos narran escenas de caos: casas allanadas de noche, disparos, helicópteros y vehículos blindados hiriendo la tranquilidad de comunidades que ya parecían estar abandonadas por el Estado.
Un problema estructural
Este no es un episodio aislado. Estudios recientes señalan que en Brasil la persistencia de “masacres” —cuyos perpetradores pueden ser bandas, policías u otras instancias estatales— está vinculada a la criminalización de los pobres y negros. Según la antropóloga Juliana Farias, existe una lógica de “enemigo interno” que se reproduce desde el período colonial hasta el presente.
Por ejemplo, en el estado de Bahía se reportó que una acción policial que dejó 12 muertos durante el Carnaval fue la masacre número 100 registrada en la región desde 2022.
¿Qué reclaman los organismos?
- Investigación independiente: Exigen que el Estado no sea juez y parte, y que se garantice la participación de organismos de derechos humanos en el análisis del operativo.
- Transparencia: Acceso a los datos completos de los muertos, heridos, detenidos y las condiciones de intervención.
- Política de seguridad con perspectiva social: Más allá del “gatillo fácil”, se pide atención en prevención, reinserción social y control de armas.
¿Qué viene ahora?
El gobierno del estado de Río de Janeiro asegura que las operaciones continuarán mientras las bandas criminales se fortalezcan. En tanto, la Asamblea Legislativa y otras instancias políticas tendrán que responder por las muertes y realizar el debate sobre el modelo de seguridad.
Este episodio abre nuevamente la gran interrogante: ¿la solución es más represión o una estrategia de largo plazo que combine justicia, desarrollo y derechos ciudadanos? Como señala uno de los informes, “la violencia del Estado en Brasil funciona bajo una lógica de eliminación sumaria” que exige ser revisada.
