El Gobierno provincial presentó la Declaración de Impacto Ambiental del emprendimiento minero San Jorge ante la Legislatura. Mientras el oficialismo defiende el proceso como un ejemplo de minería moderna y controlada, ambientalistas y vecinos de Uspallata cuestionan la legalidad y los riesgos del proyecto.
El proyecto minero San Jorge, ubicado en la zona de Uspallata, atraviesa un momento decisivo en Mendoza. Tras años de controversias, el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura provincial el expediente completo del emprendimiento, que incluye la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Informe Técnico emitido por la Dirección de Protección Ambiental. El paso no es menor: la Ley 7.722 –conocida por prohibir el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera– establece que toda iniciativa de este tipo debe contar con la aprobación legislativa.
El tratamiento parlamentario implicará la revisión de los informes técnicos, ambientales y sociales elaborados por el Ejecutivo y por la empresa Cobre Mendocino S.A., titular del proyecto. El texto deberá obtener despacho favorable en comisiones y luego ser debatido en ambas cámaras. Según fuentes legislativas, el oficialismo de Cambia Mendoza buscará un consenso que permita avanzar sin vulnerar la normativa vigente, mientras sectores opositores y organizaciones socioambientales reclaman un debate abierto y con participación ciudadana.
El expediente incorpora nuevas exigencias impuestas por el Gobierno provincial: la creación de un Fondo Socioambiental y de Compensación, un sistema de monitoreo ambiental en tiempo real (SIMAT) y la obligación de adecuar la operación a los límites que fija la Ley 7.722. En ese marco, la empresa modificó su plan técnico y eliminó la lixiviación con ácido sulfúrico, una de las prácticas más cuestionadas en la minería metalífera.
Pese a ello, los reparos continúan. Asambleas de vecinos y especialistas advierten que el proyecto planea utilizar agua del Arroyo El Tigre, una cuenca con caudales reducidos por la sequía. “No se puede autorizar una explotación de este tipo sin garantías sobre el agua ni sin licencia social”, advirtieron desde la Asamblea de Uspallata en un comunicado reciente.
Desde el Gobierno, en cambio, defienden la iniciativa como una oportunidad para diversificar la matriz productiva provincial y generar empleo. “San Jorge cumple con la ley, con el control ambiental y con la transparencia necesaria. La decisión final le corresponde a la Legislatura”, sostuvo un funcionario del área de Energía y Ambiente.
Mientras tanto, el proyecto se convirtió en uno de los ejes del debate político provincial. La decisión que adopte la Legislatura mendocina marcará no solo el futuro del yacimiento, sino también el rumbo de la política minera en una provincia históricamente reticente a la megaminería.
