La norma, impulsada por el senador Armando Magistretti, obliga a identificar y sancionar al funcionario responsable cuando la Justicia admite una acción por denegación tácita. Busca frenar la impunidad burocrática y fortalecer la responsabilidad dentro del Estado.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó este martes, en segunda revisión y por unanimidad, un proyecto que incorpora el artículo 38 bis al Código Procesal Administrativo (Ley 3918), con el objetivo de sancionar la negligencia estatal en los casos conocidos como «denegación tácita», es decir, cuando la administración pública responde con silencio frente a un reclamo formal.
La iniciativa, autoría del senador del Partido Demócrata Armando Magistretti, apunta a corregir una práctica extendida en los organismos estatales: el incumplimiento deliberado de plazos administrativos que obliga al ciudadano a recurrir a la Justicia sin haber obtenido respuesta alguna del Estado.
Con la incorporación del nuevo artículo, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza admita una acción por denegación tácita (tal como lo prevé el artículo 6° de la ley vigente), deberá identificar al funcionario o agente responsable de la mora y exigir al organismo correspondiente que se apliquen las sanciones previstas en la Ley 9003, que establece medidas disciplinarias para casos de negligencia en el ejercicio de la función pública.
“El silencio administrativo no puede seguir siendo una forma de eludir responsabilidades. Esta ley busca hacer efectiva la responsabilidad individual y desalentar las chicanas burocráticas”, explicó Magistretti durante el debate en el recinto.
La Cámara de Diputados ya había introducido cambios al proyecto, por lo que debió regresar al Senado para su sanción definitiva. Con esta aprobación, solo resta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo para que entre en vigencia.
Durante la sesión, legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad de terminar con la cultura del «no responder» por parte del Estado, y destacaron que esta herramienta busca mejorar la calidad institucional, proteger los derechos del ciudadano y generar un cambio cultural en la administración pública.
La medida fue celebrada por organizaciones de usuarios y abogados litigantes que consideran que esta nueva disposición podría acelerar tiempos procesales y obligar a los organismos públicos a resolver reclamos sin dilaciones injustificadas.
