La Legislatura de Jujuy se convirtió en epicentro de controversia política este 29 de enero de 2026, al rechazar de plano el proyecto de «Narcotest» para diputados, funcionarios y jueces, una iniciativa presentada por el legislador Martín Fellner en septiembre de 2025 que buscaba controles toxicológicos obligatorios en los tres poderes del Estado.
Rechazo Oficialista
El bloque oficialista frenó el debate del proyecto, que proponía exámenes periódicos y aleatorios con garantías de confidencialidad y contrapruebas, argumentando invasión a la privacidad y falta de consenso. Fellner denunció «alta demanda social ignorada» y contrastó con Salta, donde el gobernador Gustavo Sáenz firmó un DNU el 27 de enero imponiendo narcotest a toda la función pública provincial.
Avance en la Vecina Provincia
En Salta, diputados como Juan Esteban Romero y Griselda Galleguillos celebraron la medida como «herramienta clave contra adicciones y narcotráfico», extendida a políticos, empleados estatales y fuerzas de seguridad, similar a San Luis (2024) y Santa Fe (2025). Sáenz la presentó como avance en transparencia, evitando un debate legislativo extenso.
Reacciones y Contexto
Fellner insistió en retomar el proyecto jujeño para «cuidar al Estado y la sociedad», en medio de críticas ciudadanas en redes por el rechazo local. La medida gana terreno nacional como ficha limpia 2.0, pero divide opiniones sobre constitucionalidad y efectividad en la lucha antidrogas.
