En Mendoza, la histórica controversia sobre el desarrollo minero parece haber alcanzado un punto de inflexión. Así lo sostienen referentes políticos y especialistas, al subrayar que la provincia ya no debate sobre el “sí o no” a la minería, sino que se concentra en el “cómo” avanzar con proyectos responsables que integren crecimiento económico y resguardo ambiental.
Nuevo clima político y social
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, declaró recientemente que la discusión sobre la minería “ya está saldada” en Mendoza. Destacó que los debates públicos sobre iniciativas como el proyecto de cobre de PSJ en Uspallata se desarrollan con normalidad y con la participación de voces diversas, lo que indica una maduración del tratamiento social y político del tema. Latorre hizo un llamado a “dejar de lado el egoísmo” y apostar al desarrollo económico provincial basado en la minería moderna, sostenible y estrictamente regulada.
El propio gobernador Alfredo Cornejo enfatizó este giro discursivo: “La minería será el motor del progreso de la provincia”, asegurando que la actividad no debe estar en conflicto con otros pilares productivos como la vitivinicultura, sino que pueden potenciarse mutuamente. Resaltó la importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo minero con altos estándares ambientales y sociales, recordando los avances normativos recientes, como el nuevo Código de Procedimientos Mineros y la actualización de controles desde el Estado.
Del “sí/no” al debate sobre el “cómo”
Con el impulso a proyectos como PSJ Cobre Mendocino y nuevas iniciativas en Malargüe, el foco se desplazó hacia el diseño de reglas de juego claras, controles efectivos, participación comunitaria real y licencias sociales para operar. Así, la provincia comienza a alinearse con tendencias mundiales: la discusión ya no pasa por la negación o aceptación plena, sino por la forma de garantizar minería segura, transparente y respetuosa del entorno y las comunidades.
Si bien persisten sectores críticos que alertan sobre los riesgos ambientales y cuestionan la legitimidad de los cambios legislativos, el centro del debate está en los mecanismos de evaluación, monitoreo y el reparto de los beneficios económicos en el tejido local y provincial. Esto se ve reflejado en los miles de asistentes a las audiencias públicas y en la agenda de prioridades del gobierno mendocino, que busca aprovechar el potencial geológico, especialmente en grandes proyectos de cobre y potasio, pero sin repetir errores del pasado.
Proyección económica y social
Los informes oficiales y de consultoras destacan que el desarrollo minero podría multiplicar el empleo directo e indirecto y mejorar la integración productiva de Mendoza. Por ejemplo, sólo el proyecto PSJ generaría entre 3,900 y 5,000 empleos en su primera etapa, duplicando la dotación laboral actual del sector minero en Mendoza. A su vez, la minería promete ser clave para combatir el estancamiento del PBI per cápita que sufre la provincia desde hace más de una década.
Desafíos aún latentes
Pese al avance de consensos, el consenso social sigue siendo frágil. Sectores ambientalistas y comunidades locales advierten sobre el impacto en los recursos hídricos, la integridad ecosistémica y la falta de controles verdaderamente independientes. La vigencia de la Ley 7.722, histórica en la defensa del agua, sigue siendo un límite infranqueable para la minería con sustancias tóxicas, mientras el Estado busca alternativas legales y técnicas para compatibilizar intereses.
En síntesis, en Mendoza la discusión sobre la minería ya no es de exclusión o aceptación total, sino de construcción de un marco confiable, transparente y sostenible. La provincia ensaya nuevos equilibrios, apostando por un desarrollo que no sacrifica el ambiente y el tejido social, en un contexto en el que la minería dejó de ser tabú… pero no dejó de estar bajo la lupa ciudadana.
