La provincia de Mendoza se encuentra conmocionada luego del brutal feminidio de Flora Inés Moyano, de 61 años, ocurrido el sábado en un descampado de Las Heras. El principal acusado es Walter Jesús Amador Molina, un hombre con antecedentes de abuso sexual y otros delitos violentos, quien cumplió una condena de 10 años por violar a su hija, pero se encontró beneficiado con salidas transitorias pese a informes técnicos negativos.
El crimen y la reacción política
El cuerpo de la víctima fue hallado el domingo por la mañana, oculto en la maleza cerca de una papelera sobre calle Junín. El hallazgo estuvo precedido por la denuncia de la hija de Flora por averiguación de paradero, temiendo por la seguridad de su madre. La investigación reveló que Moyano fue golpeado a muerte y su cuerpo presentaba una inscripción intimidante y misógina en la espalda, lo que agravó el estado de conmoción social.
Ante este escenario, Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza, lanzó un contundente mensaje a través de redes sociales y declaraciones públicas:
«Un abusador, reincidente y ahora feminicida, con salidas transitorias pese a los informes técnicos negativos. Una víctima que no fue protegida».
Rus apuntó directamente contra el accionar de la Justicia por conceder beneficios a delincuentes con condenas por delitos sexuales, en este caso pese a un análisis desfavorables de psicólogos y trabajadores sociales que desaconsejaban el otorgamiento de libertades transitorias. «Se hacen excepciones a favor de delincuentes. Todo al revés», enfatizó la funcionaria, exigiendo mayor rigor de los jueces y «garantismo para la víctima y no para el victimario».
Antecedentes y polémica judicial
Walter Molina, además de la causa por abuso sexual a su hija, acumuló antecedentes por homicidio, robo y amenazas. A pesar de esto, fue beneficiado por la jueza Mirna Elisa Montaldi con salidas transitorias; decisión que contrarió la ley provincial, la cual impide otorgar estos beneficios a reincidentes y condenados por delitos contra la integridad sexual. Los informes penitenciarios mencionan riesgos claros de reincidencia y una peligrosa negación de sus actos.
Debate social y reclamo de justicia
El caso desató un profundo debate en la sociedad mendocina sobre el acceso a beneficios penitenciarios para condenados peligrosos y la responsabilidad de los jueces en la protección de posibles víctimas. Mercedes Rus, además, recalcó la necesidad de revisar el sistema para evitar que situaciones como la de Flora Moyano se repitan y remarcó el compromiso del Ministerio de Seguridad de impulsar reformas sustantivas.
La investigación está a cargo del fiscal Gustavo Pirrello, mientras Molina ya fue detenido y trasladado al penal de Boulogne Sur Mer. Organizaciones feministas y de derechos humanos exigen justicia y reformas urgentes para que el doloroso desenlace de Flora no quede impune ni se repita en el futuro.
