Buenos Aires — 8 de septiembre de 2025
La Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que brinda cobertura médica a más de 550.000 personas en todo el país, atraviesa una de las peores crisis de su historia. La falta de insumos, los recortes en tratamientos médicos críticos y una deuda que se disparó exponencialmente exponen una grave situación administrativa y financiera. En el centro de la tormenta está el ministro de Defensa, Luis Petri, acusado de encabezar una gestión ineficiente, opaca y alejada de las necesidades del personal militar y sus familias.
Desde comienzos de 2024, la obra social viene acumulando denuncias por demoras en la entrega de medicamentos oncológicos, falta de cobertura para pacientes con VIH y suspensión de prácticas médicas esenciales. El malestar se extiende a lo largo del país, con afiliados que deben pagar de su bolsillo tratamientos que antes estaban garantizados.
Una deuda que se quintuplicó
Según datos oficiales, durante el primer año de gestión de Petri la deuda de IOSFA pasó de 66.000 millones de pesos en 2023 a más de 200.000 millones en 2025, una cifra que genera alarma en todo el sistema de salud público-privado. El incremento explosivo del déficit no solo refleja una mala administración de recursos, sino también decisiones políticas que agravaron la situación, como la toma de un préstamo de 40.000 millones de pesos al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), a una tasa del 52%, cuya utilización fue cuestionada por falta de transparencia.
En vez de destinar esos fondos a modernizar el sistema o mejorar la atención, según denuncias internas, el dinero fue absorbido para cubrir deudas operativas, sin que se presentara un plan de saneamiento claro.
Protestas internas y renuncias en cadena
El colapso de IOSFA ya generó varias renuncias en su cúpula directiva. En noviembre de 2024 fue desplazado el entonces titular del organismo, Oscar Sagás, un funcionario cercano a Petri, luego de que se comprobara que su gestión había agravado la crisis. Su sucesor, Roberto Fiochi, duró apenas unos meses y también presentó su dimisión en medio de fuertes críticas. Actualmente, la obra social es conducida por Betina Surballe, exfuncionaria mendocina, cuya designación fue interpretada como un enroque político más que una solución técnica.
El almirante Eduardo Urrutia, representante de la Armada en el directorio de IOSFA, también presentó su renuncia, dejando una advertencia lapidaria: «Nunca nuestra obra social llegó a una situación de quebranto como la que vive actualmente».
Organizaciones como ASUBA (Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas) emitieron comunicados en los que acusan directamente a Petri de llevar a IOSFA “al borde del colapso”, y reclaman una intervención inmediata del Congreso para auditar las cuentas del organismo.
Denuncias por incumplimiento legal
A la crisis financiera se suman denuncias por incumplimiento de leyes nacionales, como la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, que obliga a todas las obras sociales del país a garantizar la entrega continua y gratuita de medicamentos. La Fundación Huésped alertó públicamente que IOSFA no está cumpliendo con esta normativa, dejando a cientos de pacientes sin acceso a sus tratamientos.
Además, afiliados en provincias como Córdoba, Mendoza y Tucumán han reportado que la red de prestadores fue reducida drásticamente, obligándolos a viajar cientos de kilómetros o pagar consultas privadas.
Silencio oficial y uso político de los fondos
Hasta el momento, el ministro Petri no ha ofrecido explicaciones públicas sobre la situación crítica de IOSFA. Sin embargo, sectores de la oposición denuncian que parte del desfinanciamiento responde al desvío de recursos para fines políticos y electorales. Legisladores ya evalúan pedir la interpelación del ministro en el Congreso, y algunos sectores dentro de las propias Fuerzas Armadas reclaman su renuncia.
El futuro de la obra social, en la cuerda floja
Mientras la crisis se profundiza, miles de familias militares enfrentan la incertidumbre de no saber si podrán continuar sus tratamientos o acceder a atención médica básica. IOSFA, que fue pensada como un sistema unificado y autosustentable, hoy agoniza bajo el peso de las malas decisiones, la falta de control y una gestión más preocupada por la política que por la salud de sus beneficiarios.
La crisis ya no se puede ocultar. Y las consecuencias, si no hay una reacción inmediata, podrían ser irreversibles.
