El Gobierno nacional oficializó la desregulación total del mercado de la garrafa de gas (Gas Licuado de Petróleo, GLP) a través del Decreto 446/2025, publicado este 3 de julio. La medida implica una reforma profunda de la Ley 26.020 y marca el retiro del Estado en la fijación de precios, la oferta y la demanda de este insumo esencial para millones de hogares argentinos, especialmente en regiones sin acceso a la red de gas natural.
¿Qué cambia con la desregulación?
- Precios liberados: El valor de la garrafa dejará de estar regulado por la Secretaría de Energía y será determinado exclusivamente por el mercado. Esto podría traducirse en aumentos significativos, sobre todo en zonas alejadas donde la logística encarece el producto.
- Eliminación de autorizaciones previas: Las empresas podrán instalar o ampliar plantas de fraccionamiento sin necesidad de aprobación estatal, siempre que cumplan con la normativa vigente. Si la autoridad no responde en 10 días hábiles, la habilitación se considerará otorgada («silencio positivo»).
- Competencia y flexibilidad: Se facilita el canje y reutilización de envases entre fraccionadores y se permite operar con cualquier productor, comercializador o importador. También se habilita la importación libre de GLP, priorizando el abastecimiento interno.
- Rol del Estado: La intervención estatal se limitará a la fiscalización de parámetros de seguridad, delegando o coordinando controles con organismos públicos o privados y provincias para asegurar la cobertura y la seguridad operativa.
Impacto social y advertencias
La decisión se toma en un contexto de alta demanda por la ola de frío y problemas de abastecimiento de gas natural. Organizaciones de consumidores y especialistas advierten que la eliminación de controles puede derivar en fuertes subas de precios y dificultar el acceso a la garrafa para los sectores más vulnerables, especialmente en el norte argentino y zonas rurales donde el gas envasado es la única alternativa para cocinar y calefaccionarse.
El Gobierno argumenta que la medida busca reducir la sobrerregulación, fomentar la competencia y mejorar la eficiencia del sector. Sin embargo, el desafío será garantizar que la liberalización no derive en desabastecimiento ni en precios prohibitivos para los hogares de menores recursos
