Buenos Aires, junio de 2025 – En línea con su programa de ajuste estructural, el Gobierno Nacional anunció una nueva serie de medidas orientadas a reducir la burocracia del Estado. Esta fase pone el foco particularmente en el sector económico, con decisiones que buscan mejorar la eficiencia del gasto público, reducir estructuras improductivas y liberar recursos para usos estratégicos.
Según fuentes oficiales, el objetivo es claro: achicar el Estado para fortalecer la economía, eliminando organismos redundantes, subsidios ineficientes y fondos fiduciarios que operaban sin resultados ni controles efectivos.
Integración de organismos y recorte de estructuras paralela
La decisión de integrar el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) a la administración central apunta a evitar la duplicación de funciones y eliminar estructuras administrativas que demandaban altos costos operativos.
Estos entes descentralizados contaban con presupuestos propios y esquemas de gestión paralelos al aparato estatal tradicional. Su absorción permitirá una racionalización del gasto sin afectar los servicios esenciales.
Eliminación de fideicomisos sin control
En el plano financiero, el Ministerio de Economía disolvió el fideicomiso individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras y el Fondo Fiduciario de Gas Licuado de Petróleo, al constatarse que no estaban cumpliendo con sus objetivos y carecían de mecanismos adecuados de fiscalización y rendición de cuentas.
Estos instrumentos manejaban fondos millonarios fuera del presupuesto general, lo que generaba opacidad. Su eliminación permitirá reordenar partidas y reasignar recursos hacia áreas productivas bajo control directo del Estado.
Fin de subsidios ganaderos por especie
También se dispuso eliminar regímenes específicos de promoción ganadera, que beneficiaban a determinadas especies con subsidios focalizados. Según datos oficiales, estos programas representaban una erogación millonaria para el Estado, sin demostrar mejoras significativas en productividad o competitividad.
Esta medida se alinea con el criterio de neutralidad económica, eliminando distorsiones que beneficiaban arbitrariamente a ciertos sectores en detrimento de otros.
Simplificación productiva: menos registros, más libertad
El Gobierno eliminó el Registro Nacional de Viveros, como parte de una revisión integral de los registros obligatorios. La medida busca liberar a pequeños productores y pymes del campo de cargas administrativas sin impacto real en la seguridad o calidad de producción.
A su vez, se flexibilizará el Régimen de Importaciones Científico-Tecnológicas, facilitando el ingreso de equipos e insumos clave para la innovación, sin trabas ni demoras innecesarias.
Impacto fiscal y proyección
Estas medidas forman parte de un paquete más amplio que, desde diciembre de 2023, redujo el tamaño del Estado en miles de millones de pesos. El Ministerio de Economía estima que solo con estas últimas disposiciones se logrará un ahorro fiscal directo y permanente, a la vez que se mejorará la eficiencia asignativa del gasto público.
Además, se espera un impacto indirecto positivo: mejora del clima de inversión, menos trámites para el sector privado y mayor previsibilidad normativa.
El Gobierno avanza en una reforma estructural con eje en la eficiencia económica. Al eliminar estructuras innecesarias, fideicomisos sin control y subsidios improductivos, se propone reducir el déficit, mejorar la calidad del gasto y facilitar la actividad del sector privado.
En una economía que busca recuperar competitividad y atraer inversiones, la desburocratización se transforma en política económica activa.
