La opacidad en las designaciones para organismos clave de la provincia reaviva el debate sobre la necesidad de mayor transparencia institucional. ¿A quién beneficia el voto secreto?
Mendoza, agosto de 2025 – Mientras se exige a la ciudadanía transparencia, rendición de cuentas y participación, puertas adentro del poder político de Mendoza se siguen aplicando métodos opacos para tomar decisiones que impactan directamente en la vida institucional de la provincia. Uno de los ejemplos más discutidos: la utilización del voto secreto para designar cargos clave en organismos públicos.
Desde la Legislatura provincial, este mecanismo se ha aplicado en reiteradas oportunidades para elegir integrantes del Tribunal de Cuentas, el Jury de Enjuiciamiento, el Ente de Control de Servicios Públicos, entre otros. ¿El problema? Los representantes públicos votan sin que la ciudadanía sepa cómo lo hacen. Es decir: se toman decisiones políticas sin dejar rastro, sin asumir responsabilidad individual y sin rendir cuentas.
¿Qué se oculta detrás del voto secreto?
El argumento formal para justificar el voto secreto suele ser que garantiza libertad de conciencia. Sin embargo, en la práctica, sirve como escudo para negociaciones políticas a puertas cerradas, favores cruzados o repartos partidarios. Se desdibuja así la función representativa de los legisladores, que no son electos para protegerse, sino para actuar con responsabilidad pública.
“El voto secreto en cargos públicos es el síntoma de una política que no quiere mostrarse. La transparencia no puede ser selectiva”, afirma una fuente judicial que pidió anonimato.
En tiempos en los que se exige meritocracia, idoneidad y control, este método refuerza lo contrario: impunidad, falta de mérito y amiguismo.
Organismos que deben controlar, pero nacen controlados
Lo más grave es que muchos de los cargos definidos por voto secreto pertenecen a organismos que deben fiscalizar al poder político o garantizar imparcialidad institucional. ¿Cómo pueden ejercer ese rol si su nombramiento está condicionado por pactos que nadie ve ni entiende?
El caso reciente de la designación de autoridades en el Tribunal de Cuentas volvió a despertar sospechas. Sin transparencia en el procedimiento ni fundamentos públicos sobre los criterios de selección, el organismo encargado de auditar al Estado comienza su tarea bajo un manto de sospecha.
El costo institucional de no dar la cara
En una democracia madura, cada voto debe tener nombre y apellido. No hay excusas posibles. Cualquier funcionario que defienda el voto secreto para evitar consecuencias políticas demuestra más preocupación por su cargo que por el interés público. Y ese es, precisamente, uno de los grandes males de la política argentina.
No se trata solo de ética, sino de calidad institucional. Las decisiones opacas erosionan la confianza ciudadana, alimentan la apatía y perpetúan una cultura política de favores, no de méritos.
En tiempos en que la sociedad exige transparencia y responsabilidad, el voto secreto en organismos públicos es una práctica anacrónica, regresiva y antidemocrática. Es hora de dar el debate, eliminar estos mecanismos y avanzar hacia una política que se haga cargo de sus decisiones de forma abierta y frontal. Porque quien no puede explicar su voto, probablemente no debería tenerlo.
