La Suprema Corte de Justicia de Mendoza fijó un nuevo criterio sobre el cómputo de la prescripción de una pena mediante un fallo plenario que podría cambiar de manera determinante el rumbo del caso de Alan Villouta, el joven de 21 años que fue atropellado y dejó morir en el Acceso Sur en 2017 por el empresario Alejandro Verdenelli. La decisión jurídica unificada, adoptada por mayoría en una sesión que tuvo lugar este miércoles 26 de agosto, sostiene que el plazo de prescripción debe comenzar a correr una vez agotada la vigencia de la acción penal, específicamente desde el momento en que se notifica formalmente a la defensa técnica el rechazo de su recurso extraordinario federal.
El hecho: una noche que cambió para siempre la vida de una familia
Alan Villouta tenía 21 años cuando, en la madrugada del 26 de agosto de 2017, tras salir de trabajar de un local en La Barraca Mall, intentó cruzar a pie el Acceso Sur y fue atropellado a gran velocidad por Alejandro Verdenelli, un empresario de 43 años que manejaba bajo los efectos del alcohol. El conductor no se detuvo a auxiliarlo y se fugó del lugar; Recién se entregó a la policía unas 60 horas después, cuando se le pasó la borrachera. Según testigos, Verdenelli regresó al lugar del hecho, pero no para auxiliar a la víctima, sino para buscar restos de su camioneta.
La tragedia conmovió a toda Mendoza y generó una ola de indignación en la sociedad. La familia de Alan, encabezada por su padre Andrés Villouta, libró una batalla judicial durante nueve años para que se hiciera justicia y el responsable fuera condenado. Sin embargo, el pasado 12 de agosto, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 resolvió sobreseer a Verdenelli luego de hacer lugar al planteo de la defensa y determinar que la acción penal había quedado extinguida por prescripción.
La polémica: la causa prescribió por demoras judiciales
La decisión del tribunal de supervisar a Verdenelli generó una fuerte polémica en Mendoza y en todo el país. La familia de Alan denunció que la prescripción fue producto de las demoras judiciales y de las «argucias legales» de la defensa del acusado, que presentó una serie de recursos extraordinarios que dilataron el proceso durante años.
Según el relato de la familia, la causa prescribió porque la Suprema Corte de Mendoza tardó demasiado en resolver los recursos presentados para la defensa de Verdenelli. El padre de Alan, Andrés Villouta, denunció que «la Justicia mendocina fue cómplice de la impunidad» y que «las demoras judiciales beneficiarion al responsable de la muerte de mi hijo».
Tras la resolución del tribunal, la familia de Alan decidió apelar el sobreseimiento de Verdenelli y presentó un recurso de casación contra la decisión. El Gobierno de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal también apelaron el cuestionado cierre de la causa, acompañando en el reclamo a la familia de Alan.
El nuevo fallo: un criterio que podría cambiar el escenario
En este contexto, la Suprema Corte de Mendoza fijó un nuevo criterio sobre el cómputo de la prescripción de una pena mediante un fallo plenario que podría cambiar de manera determinante el rumbo del caso. La decisión jurídica unificada sostiene que el plazo de prescripción debe comenzar a correr una vez agotada la vigencia de la acción penal, específicamente desde el momento en que se notifica formalmente a la defensa técnica el rechazo de su recurso extraordinario federal.
El fallo concluyó, por mayoría, que si se interpone un recurso extraordinario federal ante la Suprema Corte mendocina con el objetivo de acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el plazo de prescripción de la pena comienza cuando se notifica a la defensa técnica el rechazo de la concesión de ese recurso. El nuevo criterio establece que, ante el rechazo del recurso extraordinario federal, no resulta indispensable esperar una nueva notificación personal al condenado: la fecha relevante es aquella en que la decisión fue comunicada a su defensa técnica.
El impacto en el caso Villouta: la prescripción habría comenzado en abril de 2026
Con la aplicación del criterio adoptado por la Corte provincial, la prescripción del expediente de Alan Villouta habría comenzado a computarse recién el 13 de abril de 2026, fecha en la que el tribunal desestimó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa del acusado. Esto significa que, si se aplica el nuevo criterio, la causa no habría prescrito en agosto de 2026, como resolvió el Tribunal Penal Colegiado N° 2, sino que estaría aún vigente.
El nuevo fallo de la Suprema Corte podría tener un impacto determinante en el caso Villouta, ya que abriría la posibilidad de que el recurso de casación presentado por la familia sea aceptado y que el sobreseimiento de Verdenelli sea revocado. De ser así, el empresario podría ser juzgado y condenado por la muerte de Alan, nueve años después del hecho.
La «Ley Alan Villouta»: una iniciativa para evitar la impunidad por demoras
En paralelo al fallo de la Suprema Corte, en la Legislatura de Mendoza se impulsa la «Ley Alan Villouta», una iniciativa que busca frenar la impunidad por demoras y prescripciones en causas penales. El proyecto, presentado por el diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria), incorpora los artículos 159 bis, ter y quáter al Código Procesal Penal para crear el Sistema de Alerta de Prescripción.
La iniciativa propone alertas automáticas sobre los plazos judiciales y sanciones ante demoras injustificadas de los jueces y tribunales. El objetivo es evitar que las causas penales prescriban por demoras judiciales, como ocurrió en el caso de Alan Villouta, y que los responsables de delitos de graves queden impunes.
El kirchnerismo se adelantó al Gobierno y envió su propia «Ley Alan Villouta» a la Legislatura, con un proyecto similar que también busca crear un sistema de alertas para evitar la extinción de causas penales. Ambas iniciativas tienen el respaldo de la familia de Alan y de organizaciones de derechos humanos que reclaman justicia y fin de la impunidad.
El reclamo de la familia: «Queremos que se haga justicia»
Andrés Villouta, padre de Alan, se mostró esperanzado con el nuevo fallo de la Suprema Corte y con la posibilidad de que el recurso de casación sea aceptado. «Queremos que se haga justicia. Mi hijo fue atropellado y dejado morir por un empresario que manejaba borracho y se fugó del lugar. No podemos aceptar que quede impune por demoras judiciales», expresó el padre de Alan en un desgarrador relato en redes sociales.
«La noche se hizo eterna», escribió Andrés Villouta a 9 años de la tragedia, recordando el momento en que recibió la noticia de la muerte de su hijo. «Alan tenía 21 años, trabajaba en una pizzería y regresó a casa cuando fue atropellado. No merecía morir así, y menos que el responsable quede impune», agregó.
La familia de Alan Villouta libró una batalla judicial durante nueve años para que se hiciera justicia, y ahora, con el nuevo fallo de la Suprema Corte, tiene una nueva esperanza de que el caso sea reabierto y que Verdenelli sea condenado por la muerte del joven.
El contexto: Mendoza y su lucha contra la pandemia vial
El caso Alan Villouta es uno de los más emblemáticos de la «pandemia vial» que afecta a Mendoza ya todo el país. Según estadísticas oficiales, en Mendoza mueren más de 200 personas por año en accidentes de tránsito, una cifra que supera ampliamente a la de otras provincias y que refleja la gravedad del problema.
El caso de Alan, el joven que fue atropellado y dejado morir en el Acceso Sur, conmovió a toda la sociedad mendocina y generó una ola de reclamos por mayor seguridad vial y por el fin de la impunidad en los accidentes de tránsito. La familia de Alan se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad vial, y su reclamo de justicia resonó en todo el país.
Lo que viene: la espera por la resolución del recurso de casación
Mientras tanto, la familia de Alan Villouta espera que el recurso de casación presentado contra el sobreseimiento de Verdenelli sea aceptado y que el caso sea reabierto. El nuevo fallo de la Suprema Corte, que fijó un criterio más favorable para el cómputo de la prescripción, podría ser determinante para el futuro del caso.
El Gobierno de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal también esperan que el recurso de casación sea aceptado y que se haga justicia en el caso. La «Ley Alan Villouta», que busca evitar la impunidad por demoras judiciales, avanza en la Legislatura y tiene el respaldo de la familia y de organizaciones de derechos humanos.
Por ahora, el caso de Alan Villouta sigue abierto, y la familia espera que, nueve años después de la tragedia, se haga justicia y el responsable de la muerte del joven sea condenado.
