La empresa Meta, matriz de Facebook e Instagram, comenzó este martes su juicio más trascendental en un tribunal federal de Oakland, California. Una coalición bipartidista de 29 estados de Estados Unidos acusa a la compañía tecnológica de haber diseñado intencionalmente sus plataformas para generar adicción en niños y adolescentes, con el fin de maximizar sus ganancias, mientras ocultaba los riesgos para la salud mental de los menores. La demanda, presentada en 2023, busca sanciones que podrían superar el billón de dólares y obligar a cambios estructurales en el funcionamiento de las redes sociales más populares del mundo.
Los cargos
Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que lideran la coalición, sostienen que Meta implementó funciones específicas en Facebook e Instagram para captar y retener a usuarios jóvenes, como el scroll infinito, las notificaciones constantes, los “likes” y los mensajes directos. Según la acusación, estas herramientas fueron desarrolladas tras estudios internos que revelaban el potencial adictivo de las plataformas, pero la empresa decidió ignorar los daños psicológicos y priorizar el crecimiento de su base de usuarios.
Además, los demandantes acusan a Meta de violar la ley federal al recopilar y utilizar indebidamente datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, una práctica prohibida por la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). La fiscalía afirma que la compañía construyó perfiles detallados de niños y adolescentes para alimentar su modelo de negocio publicitario, exponiéndolos a contenidos dañinos y algoritmos que reforzaban conductas adictivas.
La defensa de Meta
En su alegato inicial, los abogados de Meta rechazaron categóricamente las acusaciones. Argumentaron que la empresa no buscó “enganchar” a los niños, sino ofrecer herramientas de conexión y expresión que han beneficiado a millones de usuarios. La defensa también cuestionó la metodología de los expertos de los estados y afirmó que no existe evidencia científica concluyente que vincule directamente el uso de las redes sociales con problemas de salud mental en adolescentes.
Meta sostuvo que ha invertido miles de millones de dólares en herramientas de control parental, límites de tiempo y advertencias de seguridad, y que las decisiones sobre el uso de las plataformas corresponden a las familias, no a la empresa. Además, negó haber violado la COPPA y aseguró que sus políticas de privacidad cumplen con todas las normativas federales.
Las consecuencias
El monto reclamado por daños supera los 1,4 billones de dólares, una cifra que iguala el valor bursátil de la compañía y que, de concretarse, podría llevarla a la bancarrota. Más allá de lo económico, el juicio podría forzar a Meta a modificar el diseño de sus productos, eliminar funciones adictivas y establecer restricciones más estrictas para el acceso de menores.
El proceso, que se extenderá por aproximadamente siete semanas, incluye el testimonio de ex empleados, expertos en salud mental y víctimas de trastornos psicológicos vinculados al uso de las redes. Entre los testigos clave se encuentra una ex ingeniera de Meta que declaró haber alertado internamente sobre los riesgos de las herramientas de recomendación de contenido para adolescentes.
Un precedente para la industria
El caso no solo afecta a Meta. La decisión del tribunal podría sentar un precedente para otras grandes tecnológicas como TikTok, YouTube y Snap, que enfrentan demandas similares por diseño adictivo y daños a la salud mental juvenil. En las últimas semanas, un tribunal federal de apelaciones rechazó la inmunidad que estas empresas invocaron para frenar los procesos, lo que abre la puerta a miles de reclamos individuales y colectivos en todo el país.
Para los fiscales, el juicio representa una oportunidad histórica para regular la industria tecnológica y proteger a los menores de prácticas comerciales que, según afirman, han priorizado las ganancias sobre el bienestar de los usuarios más vulnerables. Para Meta, es la batalla legal más importante de su existencia, una que podría redefinir su modelo de negocio y su futuro en el ecosistema digital.
El veredicto, que se espera para finales de año, marcará un antes y un después en la relación entre las redes sociales, la infancia y la regulación estatal en Estados Unidos.
